¿Por qué se condena al país a aprobar en plazo tan ridículo proyectos de alta complejidad, como La Colosa o una hidroeléctrica?
/ Domingo 19 de octubre de 2014
No podemos dejarnos ganar por
los ambientalistas radicales”, sentenció Natalia Gutiérrez, la nueva directora
de la Agencia Nacional de Minas (ANM), en Portafolio del 28 de septiembre del
2014.
Aparte de la indigestión de
poder que manifiesta con su declaración, la directora de la ANM no pudo
sintetizar mejor la visión ambiental del gobierno de Santos. Y es que este
gobierno rechaza, y en ocasiones estigmatiza, a todo grupo social, o a todo ambientalista,
que se le ocurra cuestionar alguna política o proyecto de desarrollo que, en su
interpretación, moleste en algo la denominada “seguridad jurídica del
inversionista”.
Y, en consonancia con esta
visión, el Gobierno trata de esconder, mediante la publicidad y el discurso, el
hecho de que la protección ambiental sea hoy un asunto de baja prioridad. Y
manipula los pocos destellos que tiene su política ambiental, como por ejemplo
la creación y ampliación de áreas protegidas, para hacer el más clásico green
washing.
Si no es así, ¿por qué se ha
mantenido al Ministerio de Ambiente, que se creó con gran bombo en el 2011,
como una institución famélica, como lo indica su paupérrimo presupuesto, que
hoy llega a un tercio, en términos reales, del que llegó a tener en 1998?
Si no es así, ¿por qué se
nombraron cinco ministros de Ambiente durante el primer mandato de Santos, la
mayor parte de los cuales no tenía calificación alguna para ejercer el cargo?
Y, si no es así, ¿por qué el
sexto ministro, Gabriel Vallejo, se estrenó con dos falsas salidas ambientales?
Y es que pocos días después de posesionado declaró que el Gobierno tenía bajo
control los riesgos e incertidumbres asociados con el fracking y sugirió que la
solicitud de moratoria que presentamos diversas organizaciones es fruto de
nuestra falta de entendimiento de la materia. Vaya y venga. Y es que ante la
locomotora del fracking que el Gobierno ha puesto en marcha, el Ministro de
Ambiente podría prestar un mejor servicio al país mediante el reconocimiento de
los problemas asociados con esta técnica, sobre los cuales existe una amplia
evidencia científica, y no tratando de minimizarlos, como si fuese el ministro
de energía o el presidente local de una empresa multinacional petrolera.
Además, después de gran controversia,
el ministro Vallejo expidió la licencia ambiental exprés. En el decreto se
identifican algunas positivas correcciones del proyecto original, incluyendo
las solicitadas por la presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Pero
la norma presenta graves problemas. Por ejemplo, se mantiene la obligación de
las autoridades ambientales, contenida también en el decreto que sustituye, de
pronunciarse en un máximo de noventa días sobre la viabilidad ambiental de un
proyecto, independientemente de su complejidad. Un absurdo. ¿Por qué se condena
al país a aprobar en plazo tan ridículo proyectos de alta complejidad, como La
Colosa o una hidroeléctrica? ¿Acaso el Minambiente colombiano calificaría como
“ineficiente” el hecho de que en los Estados Unidos el otorgamiento de
licencias de proyectos complejos se llegue a demorar varios años, como es el
caso actual del oleoducto Keystone XL?
Pero los casos del fracking y
de la licencia ambiental exprés son solo dos expresiones más de la visión del
Gobierno de otorgar prioridad a la seguridad jurídica del inversionista frente
a la protección ambiental. Es una visión que se ha venido profundizando y que,
en forma creciente, muchos ciudadanos y comunidades rechazan, puesto que se
está poniendo en riesgo la seguridad ambiental de la colectividad, con lo que
se estarían violando la Constitución y la ley. Bien valdría la pena un diálogo
político entre el Gobierno y la sociedad civil para llegar a acuerdos sobre el
futuro del medioambiente de Colombia, que hoy enfrenta, más que nunca, amenazas
construidas desde el propio Gobierno, con patente de corso otorgada por el
Ministerio de Ambiente.
* Tomado de El Tiempo
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